1. Principios no negociables para cualquier transición

  Antes de proponer rutas concretas, el Movimiento Republicano fija los principios que no está dispuesto a sacrificar en ninguna negociación, por urgente o compleja que sea la coyuntura. Estos principios se derivan directamente de los tres pilares (véase Ética & Fundamentos) y de los seis compromisos de la Ingeniería de la Prosperidad, aplicados específicamente al momento de transición.

1. Legalidad constitucional ante todo: ninguna solución de transición puede construirse al margen de la Constitución de 1999, ni siquiera invocando la urgencia de la emergencia sísmica o la complejidad del vacío de poder. Un atajo inconstitucional hoy es el precedente que otro proyecto autoritario usará mañana.

2. Elecciones libres, con observación internacional y participación de la diáspora: cualquier calendario electoral que se negocie debe cumplir condiciones mínimas verificables, no ser un mero anuncio de fecha.

3. Ni impunidad ni venganza: la justicia transicional debe distinguir con rigor entre disidencia política y responsabilidad por crímenes graves o corrupción, evitando tanto el borrón y cuenta nueva como la persecución indiscriminada.

4. Protección de la vida y continuidad de los servicios esenciales: ninguna disputa de poder puede tomar como rehenes la reconstrucción tras los sismos de junio de 2026, la atención médica, el suministro eléctrico o la seguridad ciudadana.

5. Soberanía nacional como horizonte, no como excusa: la cooperación internacional actual debe tener condiciones de salida claras hacia la plena soberanía democrática, no convertirse en una dependencia estructural de largo plazo.

6. Transparencia total del gasto público durante la transición: tanto los recursos petroleros como los fondos de reconstrucción y cooperación internacional deben someterse a auditoría independiente, precisamente porque la Asamblea Nacional no ejerce hoy un control presupuestario efectivo.

 Estos principios funcionan como filtro: toda propuesta concreta debe poder explicarse sin violar ninguno de ellos. Donde eso no sea posible, el Movimiento Republicano prefiere una transición más lenta pero limpia, a una rápida que reproduzca los vicios que ya conocemos.

2. Ruta institucional: resolver el vacío de legitimidad presidencial

  El Movimiento Republicano propone una ruta institucional destinada a acompañar la mesa de trabajo entre el Gobierno y la AN2015, con una orientación realista y enfocada en facilitar la organización de elecciones en un período razonable. Como organización política, entendemos que cualquier propuesta debe incorporar la urgencia generada tras los sismos y, al mismo tiempo, considerar la transición respaldada por el Departamento de Estado de EE. UU., procesos que no son excluyentes y que deben desarrollarse de manera responsable y coordinada. Por tal motivo, se propone:

1. Un mecanismo de garantías compartidas: Dado que la letra estricta de la Constitución no anticipó un escenario como el actual, proponemos que la encargaduría transitoria se acompañe de un mecanismo de garantías compartidas entre los sectores políticos —incluyendo a la Asamblea Nacional electa en 2015— y con veeduría de observadores internacionales, para asegurar que la ruta hacia las elecciones cuente con el aval de todos los sectores políticos y sociales.

2. Designación de una comisión técnica electoral: El Movimiento Republicano se pone a disposición de la comisión encabezada por la diputada Dinorah Figuera para colaborar, asistir y asesorar en la investigación que culminará en un informe previsto para diciembre de 2026 sobre el estatus del CNE, la normativa electoral y las reformas necesarias para la organización de futuros comicios.

3. Calendario electoral y condiciones mínimas

  Un calendario electoral sin condiciones mínimas verificables es solo una fecha en un comunicado. El Movimiento Republicano propone las siguientes condiciones como no negociables para que cualquier elección presidencial sea reconocida como legítima, tanto interna como internacionalmente:

• Consejo Nacional Electoral con composición plural y verificablemente independiente del Ejecutivo.

• Actualización del registro electoral, incluyendo mecanismos reales de inscripción y votación para los más de 7,7 millones de venezolanos en el exterior.

• Observación electoral internacional con acceso pleno, incluyendo organismos como la Unión Europea, la OEA y misiones técnicas independientes.

• Condiciones de seguridad y acceso mediático equitativo para todos los candidatos, incluyendo garantías explícitas para el regreso al país de liderazgos como el de María Corina Machado.

• Auditoría técnica del sistema de votación y transmisión de resultados, con capacidad de verificación ciudadana independiente.

Una propuesta de calendario: 

1. Fase 1 (0–2 meses): Declaración de falta absoluta y cierre acelerado de la selección del nuevo CNE.

2. Fase 2 (2–5 meses): Actualización del registro electoral, habilitación del voto en el exterior, e inscripción de candidaturas.

3. Fase 3 (5–8 meses): Campaña electoral con acceso mediático equitativo y despliegue de observación internacional.

4. Fase 4 (mes 8–9): Elección presidencial, transmisión auditable de resultados y transferencia ordenada del mando.

  Este calendario es intencionalmente más breve que el vigente. El Movimiento Republicano lo presenta como un estándar deseable, reconociendo la necesidad de cambio que expresa la población venezolana y considerando, además, que la emergencia sísmica puede retrasar cualquier desarrollo político. Su cumplimiento dependerá de los avances que surjan de las conversaciones entre el Gobierno y la AN2015, con el acompañamiento de la administración estadounidense.

  La logística electoral debe además resolver un problema práctico nuevo: buena parte de la infraestructura de votación en el estado La Guaira, sectores de Caracas y Miranda resultó dañada por los sismos de junio. Cualquier calendario debe incorporar, desde ahora, un plan de centros de votación alternos para las comunidades desplazadas por el terremoto, de modo que la reconstrucción física del país y el fortalecimiento institucional avancen de manera paralela y equilibrada.

4. Justicia transicional y amnistía

  Desde la captura de Maduro, el gobierno encargado promovió una Ley de Amnistía que permitió la liberación de varios cientos de presos políticos, documentados durante años por organizaciones como el Foro Penal. El Movimiento Republicano reconoce ese avance como positivo, pero sostiene que la justicia transicional no puede limitarse a una amnistía general, pues requiere distinguir con claridad las distintas categorías de responsabilidad.