2. RUTA INSTITUCIONAL: RESOLVER EL VACÍO DE LEGITIMIDAD PRESIDENCIAL

  El Movimiento Republicano propone una ruta institucional destinada a acompañar la mesa de trabajo entre el Gobierno y la AN2015, con una orientación realista y enfocada en facilitar la organización de elecciones en un período razonable. Como organización política, entendemos que cualquier propuesta debe incorporar la urgencia generada tras los sismos y, al mismo tiempo, considerar la transición respaldada por el Departamento de Estado de EE. UU., procesos que no son excluyentes y que deben desarrollarse de manera responsable y coordinada. Por tal motivo, se propone:

1. Un mecanismo de garantías compartidas: Dado que la letra estricta de la Constitución no anticipó un escenario como el actual, proponemos que la encargaduría transitoria se acompañe de un mecanismo de garantías compartidas entre los sectores políticos —incluyendo a la Asamblea Nacional electa en 2015— y con veeduría de observadores internacionales, para asegurar que la ruta hacia las elecciones cuente con el aval de todos los sectores políticos y sociales.

2. Designación de una comisión técnica electoral: El Movimiento Republicano se pone a disposición de la comisión encabezada por la diputada Dinorah Figuera para colaborar, asistir y asesorar en la investigación que culminará en un informe previsto para diciembre de 2026 sobre el estatus del CNE, la normativa electoral y las reformas necesarias para la organización de futuros comicios.

3.   CALENDARIO ELECTORAL Y CONDICIONES MÍNIMAS

  Un calendario electoral sin condiciones mínimas verificables es solo una fecha en un comunicado. El Movimiento Republicano propone las siguientes condiciones como no negociables para que cualquier elección presidencial sea reconocida como legítima, tanto interna como internacionalmente:

• Consejo Nacional Electoral con composición plural y verificablemente independiente del Ejecutivo.

• Actualización del registro electoral, incluyendo mecanismos reales de inscripción y votación para los más de 7,7 millones de venezolanos en el exterior.

• Observación electoral internacional con acceso pleno, incluyendo organismos como la Unión Europea, la OEA y misiones técnicas independientes.

• Condiciones de seguridad y acceso mediático equitativo para todos los candidatos, incluyendo garantías explícitas para el regreso al país de liderazgos como el de María Corina Machado.

• Auditoría técnica del sistema de votación y transmisión de resultados, con capacidad de verificación ciudadana independiente.

  La logística electoral debe estar prevista para cualquier tipo de comicios —presidenciales, regionales, locales o legislativos— que lleguen a convocarse. Pero además, debe resolver un problema práctico nuevo: buena parte de la infraestructura de votación en el estado La Guaira, sectores de Caracas y Miranda resultó dañada por los sismos de junio. Por eso, cualquier calendario electoral debe incorporar, desde ahora, un plan de centros de votación alternos para las comunidades desplazadas por el terremoto. Solo así la reconstrucción física del país y el fortalecimiento institucional podrán avanzar de manera paralela y equilibrada.

4. JUSTICIA TRANSICIONAL Y AMNISTÍA

  Desde la captura de Maduro, el gobierno encargado promovió una Ley de Amnistía que permitió la liberación de varios cientos de presos políticos, documentados durante años por organizaciones como el Foro Penal. El Movimiento Republicano reconoce ese avance como positivo, pero sostiene que la justicia transicional no puede limitarse a una amnistía general, pues requiere distinguir con claridad las distintas categorías de responsabilidad.

  Este enfoque se inspira en la experiencia de comisiones de verdad y reconciliación de otros países de la región, adaptadas al caso venezolano: procesos que han demostrado que una transición sostenible necesita tanto verdad como límites claros a la impunidad, evitando al mismo tiempo el ciclo de revanchismo que ha caracterizado a buena parte de la historia política venezolana del último siglo. El objetivo no es saldar cuentas, es cerrar heridas de forma que no se reabran con el siguiente cambio de gobierno.

  Un punto que el Movimiento Republicano considera crítico y con frecuencia ausente del debate público: la restitución o compensación por bienes expropiados y confiscados debe integrarse a este proceso de justicia transicional, no tratarse como un asunto meramente civil y postergable. La propiedad privada es, como se estableció en Ética y Fundamentos, uno de los tres pilares irrenunciables del Movimiento, y su violación sistemática durante dos décadas merece un mecanismo de reparación tan serio como el que se dé a las violaciones de derechos civiles y políticos.

 5. ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA DE EMERGENCIA

  La transición debe enfrentar simultáneamente dos urgencias económicas: la fragilidad estructural y el costo específico de la reconstrucción tras los sismos de junio de 2026. El Movimiento Republicano propone un paquete de estabilización de emergencia organizado en cuatro frentes.

5.1. CONTINUIDAD CONDICIONADA DEL ALIVIO DE SANCIONES

  La flexibilización parcial de sanciones al sector petrolero, que ha sostenido buena parte del repunte económico reciente, debe mantenerse y ampliarse, pero de forma explícitamente condicionada a avances verificables de la ruta institucional. Esto da a la comunidad internacional un incentivo claro para acompañar la transición, y a la vez evita que el alivio de sanciones se convierta en un cheque en blanco para prolongar un gobierno sin legitimidad electoral.

5.2. TRANSPARENCIA TOTAL EN LA RECONSTRUCCIÓN

  Los recursos de reconstrucción —incluyendo el fondo multidonante de la CAF y cualquier asistencia adicional— deben administrarse mediante un mecanismo de auditoría independiente y de acceso público. El Movimiento Republicano propone la creación de una veeduría técnica, con participación de organizaciones de la sociedad civil especializadas en transparencia, como condición para el desembolso de fondos,

tanto nacionales como internacionales.

5.3. RED DE PROTECCIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA PARA LAS

FAMILIAS DAMNIFICADAS

  Más de doce mil setecientas familias quedaron damnificadas por los sismos de junio de 2026. La estabilización económica de emergencia debe incluir asistencia directa y temporal a estas familias —vivienda transitoria, acceso a salud y alimentación—, diseñada para evitar que la pérdida de vivienda y empleo empuje a más venezolanos a engrosar los flujos migratorios.

5.4. DISCIPLINA MONETARIA Y FISCAL SIN POPULISMO DE NINGÚN

SIGNO

  Toda medida de estabilización debe evitar caer en la tentación de reemplazar controles de precios por otros controles de precios, o controles de cambio por otros controles de cambio, con distinto nombre. La respuesta de emergencia requiere reglas fiscales claras, transparencia en el uso de la renta petrolera y un fortalecimiento paulatino de la autonomía del Banco Central. No se trata de buscar atajos que prometan alivio inmediato, sino de no repetir los errores que ya el país ha vivido y que tanto daño hicieron a la economía y al sistema financiero.

6. RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

  Washington mantiene una estrecha cooperación operativa con el gobierno encargado, pero sin exigir con firmeza el cumplimiento del calendario constitucional. Frente a esto, el Movimiento Republicano propone una política exterior de transición articulada en tres líneas estratégicas para incidir en esta situación:

6.1. ACEPTAR LA COOPERACIÓN, SIN LEGITIMAR EL VACÍO INSTITUCIONAL

  El Movimiento Republicano reconoce el valor práctico de la cooperación de seguridad, humanitaria y energética que Estados Unidos ha ofrecido desde enero de 2026, y reconoce también la magnitud de la respuesta internacional al terremoto, que movilizó a más de treinta países. Pero esa cooperación no debe leerse como un aval a la continuidad del gobierno de Delcy Rodríguez. Por ello, el Movimiento Republicano llama a sus interlocutores internacionales —empezando por Washington— a condicionar de manera explícita y pública el nivel de cooperación al avance verificable de la ruta electoral y de la transición gubernamental.

6.2. AMPLIAR EL CÍRCULO MÁS ALLÁ DE UNA RELACIÓN BILATERAL

  La respuesta al terremoto demostró que Venezuela puede movilizar apoyo internacional amplio y diverso —desde América Latina hasta Europa y Asia— cuando la causa es humanitaria y no política. El Movimiento Republicano propone activar ese mismo espectro de relaciones para la agenda institucional: apoyo de la Unión Europea y organismos multilaterales a la observación electoral, financiamiento de organismos como el BID, el Banco Mundial y la propia CAF condicionado a hitos de transparencia y reforma, y una diplomacia venezolana de transición que no dependa de una sola potencia para sostener el proceso.

6.3. PREPARAR LA TRANSICIÓN POSTERIOR AL INTERINATO

  La cooperación internacional actual —incluida la influencia de Washington en gran parte de la coordinación humanitaria y de seguridad— debe entenderse como una etapa transitoria, no como el nuevo estado normal de la política exterior venezolana. El Movimiento Republicano se compromete a preparar los equipos técnicos y diplomáticos que permitan a un gobierno electo asumir de manera plena y soberana la conducción de la política exterior del país. Esto incluye la renegociación de la deuda externa y la reinserción de Venezuela en los organismos financieros internacionales en condiciones dignas y justas.

6. EL ROL DEL CIUDADANO EN LA TRANSICIÓN: VIGILANCIA, PARTICIPACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD

  Qué puede hacer un venezolano común hoy mismo:

• Participar en veedurías ciudadanas sobre el uso de los fondos de reconstrucción tras los sismos de junio de 2026, exigiendo información pública y verificable sobre cada recurso invertido.

• Actualizar su inscripción en el registro electoral y, quienes están en el exterior, verificar y exigir mecanismos reales de voto desde la diáspora.

• Organizar capacidades comunitarias de protección civil y respuesta a emergencias a nivel de barrio o urbanización, dado que el terremoto de junio demostró las limitaciones del aparato estatal en este campo; esto no sustituye la responsabilidad del Estado, pero puede salvar vidas mientras esa capacidad se reconstruye.

• Rechazar activamente cualquier llamado a la violencia o a la venganza indiscriminada, exigiendo en cambio que la justicia transicional.

  El Movimiento Republicano no propone que el ciudadano reemplace al Estado ni a los partidos políticos en la conducción de la transición. Propone algo distinto: que ningún venezolano trate la transición como un asunto ajeno que otros resolverán por él. La experiencia venezolana demuestra lo que ocurre cuando la ciudadanía delega por completo la vigilancia del poder en quienes lo ejercen o en la oposición.

7. ESTADO INTELIGENTE E INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA

  El Estado Inteligente no puede seguir siendo una mera declaración doctrinaria; debe traducirse en un diseño institucional concreto. Debe estar presente donde la ciudadanía lo necesita —seguridad, justicia, educación, salud, infraestructura y protección institucional— pero también debe saber retirarse donde la burocracia frena la iniciativa privada y social. Y la separación de poderes no se garantiza con buenas intenciones ni con discursos: se protege con reglas de diseño que hagan que su captura resulte costosa, difícil y detectable. Solo así un Estado presente y contenido puede ser, al mismo tiempo, eficaz y confiable.

7.1. REFORMA DEL PODER JUDICIAL

  Proponemos un sistema de selección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia mediante concurso público de credenciales, con participación vinculante de la sociedad civil y los colegios profesionales en el proceso de postulación, períodos fijos y no renovables, y un régimen disciplinario transparente que impida tanto la persecución política de jueces como su instrumentalización por el poder de turno.

7.2. UN CONSEJO NACIONAL ELECTORAL PERMANENTEMENTE INDEPENDIENTE

  El diseño institucional propuesto para convocar elecciones y asegurar un proceso efectivo requiere blindar al árbitro electoral mediante nombramientos escalonados, financiamiento autónomo garantizado por ley y auditorías técnicas permanentes de sus sistemas. Con estos mecanismos, la independencia del CNE no dependería de la correlación de fuerzas políticas del momento, sino de una estructura institucional estable y profesional.

7.3. SERVICIO CIVIL PROFESIONAL Y MERITOCRÁTICO

  La administración pública venezolana ha enfrentado, durante años, desafíos que limitaron su capacidad para funcionar como un cuerpo técnico plenamente orientado al servicio ciudadano. Para fortalecerla, proponemos una Ley de Carrera Administrativa que establezca ingreso por concurso, estabilidad basada en criterios profesionales y evaluaciones de desempeño. Su aplicación progresiva permitiría reconstruir la capacidad institucional del Estado y consolidar una gestión pública más eficiente, meritocrática y orientada al interés general.

7.4. TRANSPARENCIA COMO REGLA DE DISEÑO, NO COMO EXCEPCIÓN

  Todo organismo público de nueva creación o reforma debe incorporar, desde su diseño original, un portal de datos abiertos, en formatos reutilizables y actualizado trimestralmente, que contenga su presupuesto desagregado por partida y beneficiario final, todas sus contrataciones desde la convocatoria hasta el pago, y los indicadores de resultados de su gestión. El incumplimiento de esta obligación inhabilitará la transferencia de recursos públicos al organismo y será causa de responsabilidad administrativa de sus titulares.

8. JUSTICIA, ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD CIUDADANA 

8.1. INDEPENDENCIA JUDICIAL EN EL DÍA A DÍA, NO SOLO EN EL TSJ

  La reforma judicial no puede limitarse al máximo tribunal. Proponemos extender el concurso público y la carrera judicial a todas las instancias, fortalecer la Escuela Judicial como institución de formación técnica, y propiciar un presupuesto autónomo para el Poder Judicial que le permita desenvolverse con estabilidad, en el marco del respeto a las atribuciones que corresponden a cada poder del Estado. 

8.2. SEGURIDAD CIUDADANA BASADA EN EVIDENCIA

  Proponemos una estrategia de seguridad ciudadana centrada en policía de proximidad, inteligencia criminal profesionalizada y una clara delimitación de competencias entre las fuerzas policiales y militares, reservando el empleo de estas últimas a escenarios que así lo justifiquen. Asimismo, planteamos fortalecer las instituciones civiles de seguridad y avanzar progresivamente en la regularización y supervisión de todos los actores que participan en el control territorial, conforme al marco legal vigente y con pleno respeto a las garantías constitucionales.

8.3. SEGURIDAD CIUDADANA BASADA EN EVIDENCIA

  El sistema carcelario venezolano requiere una reforma profunda que diferencie con claridad la privación de libertad por delitos comunes graves de otros usos del sistema penal, fortaleciendo criterios técnicos y procedimientos uniformes. Esa reforma debería incorporar mecanismos de justicia restaurativa para delitos menores y reducir el hacinamiento mediante inversión en infraestructura y alternativas a la prisión preventiva prolongada.

9. ECONOMÍA Y PROSPERIDAD: MERCADO, PROPIEDAD, MONEDA, APERTURA

  Este eje traduce en política económica concreta el pilar de propiedad privada y el enfoque de Ingeniería de la Prosperidad descritos anteriormente, partiendo del diagnóstico sobre el colapso y la recuperación aún frágil del sistema financiero venezolano.

9.1. ESTABILIDAD MONETARIA Y AUTONOMÍA DEL BANCO CENTRAL

  Proponemos una reforma que otorgue autonomía real al Banco Central de Venezuela, con prohibición legal de financiamiento monetario del déficit fiscal, y un régimen cambiario transparente que reconozca el rol que la dolarización de facto ya cumple en la economía venezolana, en lugar de combatirla con controles que la experiencia ha demostrado como ineficaces.

9.2. ESTABILIDAD MONETARIA Y AUTONOMÍA DEL BANCO CENTRAL

  Proponemos la modernización del registro de propiedad inmobiliaria y mercantil para dotarlo de mayor eficiencia y seguridad jurídica, así como la atención de los casos de expropiación pendientes a través de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico vigente. Asimismo, impulsamos el fortalecimiento de las garantías procesales que aseguren el debido proceso y la indemnización justa en toda expropiación, conforme a la Constitución y a los tratados internacionales suscritos por Venezuela. Todo ello, con el fin de consolidar un clima de confianza que proteja la propiedad privada y fomente la inversión nacional y extranjera, en beneficio del desarrollo económico del país.

9.3. APERTURA COMERCIAL Y FACILITACIÓN DE NEGOCIOS

  Proponemos la simplificación radical de trámites para la apertura y operación de empresas, la reducción de espacios de discrecionalidad administrativa que durante años generaron costos adicionales e incertidumbre para los inversionistas, y una política comercial que reintegre a Venezuela a los acuerdos regionales de comercio de los que se distanció en las últimas dos décadas.

9.4. APERTURA COMERCIAL Y FACILITACIÓN DE NEGOCIOS

  Proponemos reemplazar el complejo sistema de tributos y contribuciones parafiscales de los últimos veinte años por un régimen tributario nacional simplificado, sustentado en normas estables que otorguen certidumbre a empresas y hogares para facilitar su planificación, condición indispensable para atraer inversiones de largo plazo.

10. PETRÓLEO, MINERÍA Y ENERGÍA

10.1. ESTABILIDAD MONETARIA Y AUTONOMÍA DEL BANCO CENTRAL

  Venezuela posee las mayores reservas petroleras probadas del mundo y, aun así, atravesó en las últimas décadas un proceso de deterioro económico de gran magnitud. Este eje busca superar de manera definitiva esa paradoja, fortaleciendo la capacidad del país para transformar sus recursos energéticos en crecimiento sostenible y bienestar.

10.1. REFORMA INSTITUCIONAL DE PDVSA

  Proponemos la profesionalización plena de la estatal petrolera, separando la gestión operativa de la injerencia política directa, con una junta directiva técnica sujeta a rendición de cuentas pública y auditorías externas independientes. La apertura a la participación privada en la operación de campos y refinerías, proceso ya iniciado, debe consolidarse mediante un marco legal estable y no depender de decisiones administrativas discrecionales.

10.2. DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA

  La dependencia casi exclusiva de la renta petrolera fue, en sí misma, una de las causas de la vulnerabilidad económica venezolana. Proponemos el desarrollo del potencial de gas natural del país, la exploración de energías renovables —solar e hidroeléctrica— aprovechando la geografía nacional, y una estrategia gradual de reducción de la dependencia fiscal del petróleo.

10.3. MINERÍA REGULARIZADA Y RESPONSABLE

  El Arco Minero del Orinoco exige una regularización integral, tanto legal como ambiental, que erradique la explotación informal y no supervisada, y que garantice que toda actividad minera se desarrolle bajo estándares ambientales verificables, con participación y supervisión de las comunidades indígenas y locales implicadas.

11. DESCENTRALIZACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO REGIONAL

  El quinto compromiso de la Ingeniería de la Prosperidad establece que Venezuela no puede desarrollarse únicamente desde Caracas. Este eje lo convierte en política concreta.

11.1. TRANSFERENCIAS FISCALES REALES A ESTADOS Y MUNICIPIOS

  Proponemos un nuevo régimen de transferencias intergubernamentales basado en fórmulas objetivas y verificables —población, pobreza, necesidades de infraestructura—, en lugar del manejo discrecional del situado constitucional observado en las últimas dos décadas, junto con la obligación de que cada gobernación y alcaldía publique de forma abierta la ejecución de esos recursos.

11.2. CAPACIDADES TÉCNICAS LOCALES

  La descentralización sin capacidad de gestión local termina siendo una descentralización solo en el papel. Proponemos programas de formación técnica para funcionarios municipales y estadales, con apoyo de universidades regionales, para que la autonomía territorial venga acompañada de la competencia técnica necesaria para ejercerla.

11.3. LA GUAIRA COMO CASO DE RECONSTRUCCIÓN TERRITORIAL

  La reconstrucción del estado La Guaira tras los sismos de junio de 2026 ofrece una oportunidad concreta para aplicar un plan de reconstrucción diseñado y ejecutado con participación real de las autoridades y comunidades locales, y no impuesto de forma centralizada desde Caracas. Esto puede convertirse en el primer caso de éxito visible del modelo de descentralización que este Plan propone para todo el país.

12. CIUDADANÍA ACTIVA Y GOBERNANZA PARTICIPATIVA

  Esta sección institucionaliza, a mediano plazo, la contraloría ciudadana, la veeduría sobre distintos ámbitos del Estado y la vigilancia del poder que esta debe tener durante la transición. La participación civil en los asuntos públicos no debe depender de la buena voluntad coyuntural de un gobierno: debe estar incorporada en el diseño permanente del Estado.

12.1. CONTRALORÍAS SOCIALES CON MANDATO LEGAL

  Proponemos dar respaldo legal permanente a contralorías sociales ciudadanas, con acceso garantizado a la información sobre contratos públicos, ejecución presupuestaria y obras de infraestructura, en cada nivel de gobierno.

12.2. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS MUNICIPALES

  Proponemos que una porción determinada del presupuesto de inversión municipal se asigne mediante mecanismos de presupuesto participativo, en los que las comunidades organizadas decidan directamente sobre prioridades de inversión local.

12.3. VEEDURÍAS CIUDADANAS PERMANENTES

  El mecanismo de veeduría propuesto de forma urgente en la Parte III para los fondos de reconstrucción tras el terremoto debe convertirse en una institución permanente aplicable a cualquier fondo público de magnitud significativa, con capacitación técnica para que la ciudadanía organizada pueda ejercer esa función de forma efectiva y no solo simbólica.